Se
ha cumplido en 2013 medio siglo desde el fallecimiento de Robert Schuman,
ministro durante la IV República Francesa, que ha pasado a la historia por
haber sido uno de los creadores de las bases de la unidad europea. Schuman fue
el primero que propuso un proyecto de integración y fue también el primer
presidente de la Asamblea Parlamentaria Europea. Posteriormente y a medida que
fueron aumentando sus competencias, recibió el nombre de Parlamento Europeo.
Concluido su mandato, Schuman fue aclamado “padre de Europa”, junto con Monnet,
Gasperi y Adenauer.
Su
filosofía de la construcción europea se resume en la idea que condujo al
Tratado de la Comunidad Económica del Carbón y del Acero: “Europa no se hará de
una sola vez, sino por realizaciones concretas que creen una solidaridad de
hecho”, con el horizonte de la unificación. La unión político-económica cuyo
objetivo estratégico era superar una Europa destruida por seculares
enfrentamientos bélicos que destrozaron millones de vidas y empobrecieron el
colectivo humano y el legado cultural europeo. La situación tras la Segunda
Guerra Mundial le convenció para denunciar que “la rehabilitación moral no
avanza a la par de la restitución progresiva de las libertades políticas”.
Su
trabajo a favor de la construcción europea estuvo encaminada a que las
fronteras deberían unificar los macro espacios estatales para convertirse
también en zonas de contactos humanos y culturales, acertando en el diagnóstico
de que los continentes y los pueblos dependen los unos de los otros,
denunciando los ataques del interés privado al bien común y los desmanes de la
codicia financiera y de la corrupción.
Schuman,
Monnet, Gasperi y Adenauer fueron las cuatro personas que impulsaron un
proyecto europeo basado en una comunidad entre países opuestos y divididos
durante mucho tiempo.
El 9
de mayo de 1950, solo cinco años después de la finalización de la Segunda
Guerra Mundial, Schuman junto a Jean Monnet leyeron la llamada Declaración Schuman en la que se
oficializaba una solidaridad de hecho económica y política dentro de la futura
Europa Unida que se pretendía fuese de derecho, no solo de hecho, mediante la
puesta en marcha de fondos estructurales para beneficio de los socios
comunitarios más desfavorecidos.
La Declaración Schuman vino a consecuencia,
entre otras cosas, del Discurso Europeo
de Zürich (1946) realizado por Winston Churchill, en el que se hacía
hincapié en la formación de los Estados Unidos de Europa. Pero mientras que el
político británico enfocaba todos sus esfuerzos en una visión exclusivamente
política de Europa, Schuman además abogaba porque este conjunto de pueblos no
quedase sólo en una empresa económica y técnica, que tampoco coincide con la
Europa que ahora vivimos, y no parece ser la versión de la mejor Europa posible
que buscaron Schuman y otros. Aunque siempre
cabrá la duda sobre lo que es posible, lo que se quería, lo que se está
haciendo y lo que se debe hacer.
“La paz
mundial no puede salvaguardarse sin unos esfuerzos creadores equiparables a los
peligros que la amenazan.
La
contribución que una Europa organizada y viva puede aportar a la civilización
es indispensable para el mantenimiento de unas relaciones pacíficas. Francia,
defensora desde hace más de veinte años de una Europa unida, ha tenido siempre
como objetivo esencial servir a la paz. Europa no se construyó y hubo la
guerra.
Europa no se
hará de una vez ni en una obra de conjunto: se hará gracias a realizaciones
concretas, que creen en primer lugar una solidaridad de hecho. La agrupación de
las naciones europeas exige que la oposición secular entre Francia y Alemania
quede superada, por lo que la acción emprendida debe afectar en primer lugar a
Francia y Alemania.
Con este
fin, el Gobierno francés propone actuar de inmediato sobre un punto limitado,
pero decisivo.
El Gobierno
francés propone que se someta el conjunto de la producción franco-alemana de
carbón y de acero a una Alta Autoridad común, en una organización abierta a los
demás países de Europa.
La puesta en
común de las producciones de carbón y de acero garantizará inmediatamente la
creación de bases comunes de desarrollo económico, primera etapa de la
federación europea, y cambiará el destino de esas regiones, que durante tanto
tiempo se han dedicado a la fabricación de armas, de las que ellas mismas han sido
las primeras víctimas.
La
solidaridad de producción que así se cree pondrá de manifiesto que cualquier
guerra entre Francia y Alemania no sólo resulta impensable, sino materialmente
imposible. La creación de esa potente unidad de producción, abierta a todos los
países que deseen participar en ella, proporcionará a todos los países a los
que agrupe los elementos fundamentales de la producción industrial en las
mismas condiciones y sentará los cimientos reales de su unificación económica.
Dicha
producción se ofrecerá a todo el mundo sin distinción ni exclusión, para
contribuir al aumento del nivel de vida y al progreso de las obras de paz.
Europa podrá, con mayores medios, proseguir la realización de una de sus tareas
esenciales: el desarrollo del continente africano. De este modo, se llevará a
cabo la fusión de intereses indispensables para la creación de una comunidad
económica y se introducirá el fermento de una comunidad más amplia y más
profunda entre países que durante tanto tiempo se han enfrentado en divisiones
sangrientas.
Mediante la
puesta en común de las producciones básicas y la creación de una Alta Autoridad
de nuevo cuño, cuyas decisiones obligarán a Francia, Alemania y los países que
se adhieran, esta propuesta sentará las primeras bases concretas de una
federación europea indispensable para la preservación de la paz.
Para
proseguir la realización de tales objetivos, el Gobierno francés está dispuesto
a iniciar negociaciones según las siguientes bases.
La misión
encomendada a la Alta Autoridad común consistirá en garantizar, en el plazo más
breve posible, la modernización de la producción y la mejora de su calidad; el
suministro, en condiciones idénticas, del carbón y del acero en el mercado
francés y en el mercado alemán, así como en los de los países adherentes; el
desarrollo de la exportación común hacia los demás países; la equiparación y
mejora de las condiciones de vida de los trabajadores de esas industrias.
Para
alcanzar estos objetivos a partir de las dispares condiciones en que se encuentran
actualmente las producciones de los países adherentes, deberán aplicarse con
carácter transitorio determinadas disposiciones que establezcan la aplicación
de un plan de producción y de inversiones, la creación de mecanismos de
estabilidad de los precios y la creación de un fondo de reconversión que
facilite la racionalización de la producción. La circulación del carbón y del
acero entre los países adherentes quedará liberada inmediatamente de cualquier
derecho de aduanas y no podrá verse afectada por tarifas de transporte
diferenciales. Progresivamente se irán estableciendo las condiciones que
garanticen espontáneamente una distribución más racional de la producción y el
nivel de productividad más elevado.
La
organización proyectada, al contrario que un cártel internacional tendente a la
distribución y a la explotación de los mercados mediante prácticas restrictivas
y el mantenimiento de grandes beneficios, garantizará la fusión de los mercados
y la expansión de la producción.
Los
principios y compromisos esenciales anteriormente expuestos serán objeto de un
tratado firmado entre los Estados. Las negociaciones indispensables para
precisar las normas de aplicación se llevarán a cabo con ayuda de un árbitro
designado de común acuerdo, cuya misión consistirá en velar por que los
acuerdos se ajusten a los principios y, en caso de desacuerdo insalvable,
decidirá la solución que deba adoptarse.
La Alta
Autoridad común, encargada del funcionamiento de todo el sistema, estará
compuesta por personalidades independientes designadas sobre bases paritarias
por los Gobiernos, quienes elegirán de común acuerdo un presidente. Las
decisiones de la Alta Autoridad serán ejecutivas en Francia, en Alemania y en
los demás países adherentes. Se adoptarán las disposiciones adecuadas para
garantizar las vías de recurso necesarias contra las decisiones de la Alta
Autoridad.
Un
representante de las Naciones Unidas ante dicha autoridad se encargará de
hacer, dos veces al año, un informe público a la ONU sobre el funcionamiento
del nuevo organismo, en particular por lo que se refiere a la salvaguardia de
sus fines pacíficos.
La creación
de la Alta Autoridad no prejuzga en absoluto el régimen de propiedad de las
empresas. En el ejercicio de su misión, la Alta Autoridad común tendrá en
cuenta las facultades otorgadas a la autoridad internacional del Ruhr y las
obligaciones de todo tipo impuestas a Alemania, mientras éstas subsistan.”
(Robert Schuman, 9 de Mayo de 1950).
Robert Schuman (1886 - 1963), Ministro francés de Asuntos Exteriores, pronunció esta Declaración que lleva su nombre el 9 de mayo de 1950. En ella proponía la creación de una Comunidad Europea del Carbón y del Acero cuyos miembros pondrían en común la producción de carbón y de acero.
La CECA (formada en su origen por Francia, Alemania Occidental, Italia, los Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo) fue la primera de una serie de instituciones supranacionales que se convertirían en lo que es hoy la Unión Europea.
En 1950, cinco años después de finalizar la Segunda Guerra Mundial, las naciones europeas todavía estaban luchando para superar sus estragos.
Los gobiernos europeos, decididos a evitar otra terrible contienda, llegaron a la conclusión de que, poniendo en común la producción de carbón y acero, la guerra entre Francia y Alemania, rivales históricos, resultaría, en los términos de la declaración, "no sólo impensable, sino materialmente imposible". Se pensó, acertadamente, que la fusión de los intereses económicos contribuiría a aumentar el nivel de vida y constituiría el primer paso hacia una Europa más unida. La adhesión a la CECA estaba abierta a otros países. Frecuentemente se escuchan "mitos fundacionales", que en el caso de la Unión Europea (UE) son también existenciales. Según ellos, la UE se basó en la solidaridad, la visión política, el consenso, y la transparencia. Pero en realidad se basó en la necesidad histórica, sin descartar intereses, conveniencias y conflictos. Y no exenta de opacidad respecto a la ciudadanía.
Tras
la Segunda Guerra Mundial, no se sabía
cuánto tiempo iba a durar la paz. Apenas terminada la guerra, surgió la amenaza
de otra guerra, que podía enfrentar esta vez
Este y Oeste.
En
1947 fracasó la conferencia de Moscú sobre la cuestión alemana, entre Occidente
y la Unión Soviética, su aliada en la lucha contra el nazismo. El "golpe
de Praga" de 1948, y el bloqueo de Berlín durante la primavera de 1949
vinieron a avivar la tensión.
En
1949 los países de Europa Occidental firmaron con los Estados Unidos el Pacto
Atlántico (OTAN), y ese mismo año tuvo lugar la explosión-prueba de la primera
bomba atómica soviética, hechos que
contribuyeron a propagar el ambiente de temor que se llamó "guerra
fría".
Alemania Federal, volvía a dirigir por sí
misma su política interior, (no la exterior), desde la entrada en vigor de la
Ley Fundamental de 1949, y pasó a ser una de las discordias en la rivalidad
Este-Oeste.
Los
Estados Unidos deseaban acelerar la reconstrucción económica de un país,
Alemania Federal, situado en el corazón de la división del continente: en
América se alzaban voces que solicitaban el rearme de la potencia vencida.
La
diplomacia francesa se debatía en el dilema: o bien cedía a la presión
norteamericana y, en contra de la opinión pública de su país, admitía ceder
soberanía en el Ruhr y el Sarre, zonas carboníferas, o bien
mantenía una postura rígida, enfrentándose a su principal aliado, y llevando
sus relaciones con Alemania Federal a un callejón sin salida.
En
la primavera de 1950, los jefes de las diplomacias norteamericana y británica
habían planteado a su homólogo francés, Robert
Schuman, ministro de Asuntos Exteriores francés, natural de Lorena, una “misión imperativa”:
presentar una propuesta para integrar a Alemania Federal en el bloque
occidental. Se convocó al respecto para el 10 de mayo de 1950 una reunión de
los tres gobiernos. Francia no podía negarse a cumplir el encargo.
A
los problemas políticos se sumaban las dificultades económicas. El potencial
siderúrgico de los diversos países europeos hacía pensar en una inminente
crisis de superproducción de acero. La demanda disminuía, los precios
descendían. Todo ello daba origen al temor de que los productores volviesen a
constituir un “cártel” para limitar la competencia. En plena fase de
reconstrucción, las economías europeas no podían dejar sus industrias básicas a
expensas de la especulación y la escasez organizada.
Ante
estas dificultades la diplomacia tradicional resultaba impotente, y Robert
Schuman recurrió a un hombre aún desconocido por la gente, pero que había
acumulado una experiencia extraordinaria a lo largo de su carrera
internacional: Jean Monnet.
Jean
Monnet, natural de Cognac, era uno de los europeos más influyentes del mundo
occidental. Monnet desempeñaba por aquel entonces el cargo de comisario del
plan francés de modernización, para el que De Gaulle le había nombrado en 1945
con el cometido de levantar económicamente Francia. Ya en la primera guerra
mundial había organizado las estructuras de aprovisionamiento de las fuerzas
aliadas. Posteriormente fue secretario general adjunto de la Sociedad de
Naciones, y banquero en los Estados Unidos, Europa del Este y China. Trabajó
también al servicio del presidente Roosevelt, quien lo tuvo entre sus asesores
más influyentes, y fue el artífice del programa
que garantizó la superioridad militar de los Estados Unidos sobre
las fuerzas del Eje. Aunque carecía de mandatos políticos asesoraba a los
gobiernos. Su reputación era la de ser un hombre pragmático con la eficacia
como norma principal.
Según
Jean Monnet, la tensión quedaría atenuada fomentando la unidad europea. Jean
Monnet conocía los fracasados intentos de integración, desde que el Congreso de
La Haya organizado en 1948 por el Movimiento Europeo hiciera un llamamiento
solemne a la unión del continente.
Tras
la 2ª Guerra Mundial, en 1946, se estableció una nueva arquitectura económica
en Bretton Woods (EEUU), donde el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario
Internacional (FMI) fueron creados y recibieron el mandato explícito de impedir
“shocks” y quiebras en las vulnerables economías de la postguerra, y velar por
la liquidez mundial.
En
1947 tuvo lugar la Conferencia de la Habana que, décadas después dio lugar a la Organización
Mundial del Comercio (OMC).
Uno
de los promotores del FMI fue John Maynard Keynes. Pero estas instituciones
financieras mundiales han tenido con el transcurso del tiempo una deriva
neoliberal y globalizadora, y ahora se caracterizan por promover Planes de
Ajuste Estructurales para los países que necesitan ayudas, y a promover la
desregularización, liberalización, y privatización de la economía mundial.
Por
entonces, la Organización Europea de Cooperación Económica sólo tenía
competencias de Coordinación, y no había sido capaz de impedir que la
reconstrucción económica de los países europeos se llevase a cabo conforme a
esquemas nacionales, con el Plan Marshall liderado por los Estados Unidos financiando
la reconstrucción de sus aliados.
La creación del Consejo de Europa en 1949
demostraba que los gobiernos no estaban dispuestos a dejarse recortar sus
prerrogativas: la Asamblea Consultiva sólo tenía poderes de deliberación, y
todas sus resoluciones, que debían aprobarse por mayoría de dos tercios, podían
quedar paralizadas por el veto del Comité de Ministros.
Jean
Monnet sabía que era ilusorio pretender
crear de una sola vez una estructura institucional completa, sin suscitar en
los Estados tantas reticencias como para hacer que cualquier iniciativa de este
tipo se viera condenada al fracaso de antemano. Los ánimos no estaban como para
admitir cesiones de soberanía.
Era
preciso limitarse en los objetivos a sectores concretos de gran importancia,
como lo eran entonces el carbón y el acero, y crear un mecanismo de decisión
conjunta que, poco a poco, fuera recibiendo nuevas competencias.
Jean
Monnet y sus más cercanos colaboradores redactaron durante los últimos días de
abril de 1950 un documento de unas páginas, con la exposición de motivos y la
parte dispositiva de una propuesta llamada a romper con todos los esquemas. En
lugar de proceder a las tradicionales consultas con los servicios ministeriales
competentes, Monnet rodeó ese trabajo del máximo secreto con el fin de impedir
cualquier objeción o contrapropuesta.
El 9 de mayo de 1950 , en el mismo momento en
que el ministro francés Robert Schuman estaba defendiendo su propuesta ante sus
colegas del gobierno, un emisario
secreto de su gabinete la comunicaba en persona al canciller alemán Adenauer. La reacción de este último fue
inmediata y entusiasta, respondiendo en el acto que aprobaba de todo corazón la
propuesta. Por consiguiente, Robert Schuman contaba ya con el debido apoyo de
los gobiernos francés y alemán cuando hizo pública su declaración durante una
rueda de prensa celebrada en el Quai d'Orsay ese mismo día.
La
declaración enunciaba una serie de principios. Europa no se haría de una sola
vez, sino mediante realizaciones concretas. Era preciso establecer, en primer
lugar, "solidaridades de hecho":
-
Debía eliminarse la secular oposición entre Francia y Alemania. La propuesta
incumbía principalmente a estos dos países, pero estaba abierta a todas las
demás naciones europeas que suscribiesen sus objetivos.
- La
actuación inmediata debía afectar a un sector "limitado, pero
decisivo": la producción franco-alemana de carbón y acero, que debería
someterse a una alta autoridad común.
- La
fusión de estos intereses económicos contribuiría al aumento del nivel de vida
y a la creación de una comunidad económica.
-
Las decisiones de la alta autoridad tendrían fuerza ejecutiva, y serían
vinculantes para los países que se sumasen al proyecto. La alta autoridad
estaría integrada, con criterios paritarios, por personalidades independientes.
Para
que la iniciativa francesa, convertida en iniciativa franco-alemana, se hiciese realidad, Francia convocó para el
20 de junio de 1950 en París una conferencia intergubernamental cuya presidencia
asumió Jean Monnet. Los tres países del Benelux o Países Bajos (Bélgica,
Holanda, y Luxemburgo), e Italia, respondieron al llamamiento y estuvieron
presentes en la mesa de negociaciones.
Las
conversaciones permitieron lanzar un
proyecto internacional. No se pusieron en cuestión ni la independencia
ni los poderes de la alta autoridad, lo cual constituía el punto central de la
propuesta. A solicitud de los Países Bajos, se instituyó un consejo de
ministros en representación de los Estados que, en determinados casos, tendría
la facultad de emitir dictámenes vinculantes. Una asamblea parlamentaria y un
tribunal de justicia completaban el mecanismo. Fue la base del sistema
institucional de la actual UE.
El
18 de abril de 1951 se firmó en París el Tratado fundacional de la Comunidad
Europea del Carbón y del Acero (CECA), lo opuesto al Tratado de Versalles
impuesto a Alemania tras la Primera Guerra Mundial, con un período de vigencia
de cincuenta años. Tras su ratificación por parte de los seis Estados signatarios
el 10 de agosto de 1952, la Alta Autoridad presidida por Jean Monnet se instaló
en Luxemburgo.
Como
se ve, no se trató de una negociación diplomática clásica. Las personas
designadas por los seis gobiernos se habían reunido para crear un sistema jurídico-político
completamente nuevo, y que aspiraba a perdurar.
El
preámbulo del Tratado de la CECA, que constaba de cinco párrafos, contenía toda
la filosofía que, aún hoy, sigue inspirando a los promotores de la construcción
europea.
Jean
Monnet estaba convencido de que únicamente el principio de igualdad entre los
Estados podría crear una nueva mentalidad. Pero también era consciente de la
dificultad de lograr que seis países de dimensiones diferentes renunciaran al
derecho de veto.
El 4 de abril de 1951, se reunió en Bonn con
el canciller Adenauer para convencerle de las virtudes del principio de
igualdad:
"Se
me ha autorizado a proponerle que las relaciones entre Alemania y Francia en la
Comunidad
se rijan por el principio de igualdad en el Consejo y la Asamblea, así como en
todas las instituciones europeas actuales o futuras (...). Por mi parte, deseo
añadir que éste, y no otro, es el espíritu que desde el principio quise
imprimir a la oferta de unión que está en el origen de este tratado. Espero que,
según creo poder deducir de las conversaciones que mantuvimos en nuestro primer
encuentro, comparta usted esta opinión. El espíritu de discriminación ha sido
la causa de los mayores males del mundo. La Comunidad es un intento de
combatirlo."
La
respuesta del canciller alemán, Adenauer, fue inmediata:
"Usted
conoce mi empeño en defender para mi país la igualdad de derechos en el futuro
y mi condena de la empresas de dominación a las cuales se ha visto arrastrado
en el pasado. Me complazco en manifestarle mi completo acuerdo con su
propuesta, ya que no puedo concebir la Comunidad sin igualdad total".
De
esta manera quedaba asentado uno de los fundamentos jurídicos, de alcance
moral, que da sentido a la idea de Comunidad. La obra emprendida en 1950 ya no
iba a detenerse, tras el Tratado de Roma de 1957, y
menos aún tras la caída del Muro de Berlín en 1989, y el derrumbe de la
Unión Soviética en 1991.
Pero
aún hoy día a la UE le falta soberanía, homogeneidad financiera, legitimación
política, y sufre un déficit democrático notable, como se ha puesto de
manifiesto con ocasión de la crisis mundial iniciada en 2008, y que no es tal
crisis, sino un nuevo modelo social y un nuevo orden mundial.
La
concesión a la UE del Premio Nobel de la Paz en 2012 prescinde de la realidad
del cambio de la naturaleza de la guerra en Occidente. Las actuales guerras son
económicas y financieras, no armadas, lo cual no quiere decir que no haya
víctimas. Efectivamente el desmontaje del Estado del Bienestar Europeo, o más
aún, de la Economía Social en Europa, plantea importantes problemas éticos e
ideológicos, con víctimas en la ciudadanía y en las empresas, que no se ven
tratados de la misma forma que la Banca. Ya no es preciso invadir militarmente
un país para apropiarse de sus recursos, ahora eso lo hace la deuda, y el
manejo de los intereses de la misma por medio de ratings, primas de riesgo,
etc…en perjuicio de la justicia social y el progreso económico, que eran el
otro pilar del edificio común europeo.
La
Europa de dos velocidades que se ha creado, facilitada por las políticas de la
Comisión Europea (CE), el Banco Central Europeo (BCE), y el FMI, crea una
situación que rompe con la vocación igualitaria y solidaria de los Tratados
fundacionales, origen histórico de la actual Unión Europea (UE).
No
contentos con la presencia en Bruselas de oficinas que representan ante las
instituciones europeas los intereses de cientos de empresas transnacionales, y
con un ratio de 5 “lobistas” por cada parlamentario europeo, la Unión Europea
puso en marcha entre el 2004 y el 2008 un nuevo proyecto de estudio para
modificar su gobernanza, e impulsar nuevos modos de gobernanza en Europa, para
quienes quieren gobernar a la sombra de la jerarquía. Es el proyecto “New Modes
of Governance in the European Union”, dentro del 6º programa marco de
investigación de la UE, llevado a cabo por el NEWGOV Consortium, coordinado por
el Robert Schuman Centre for Advanced Studies, dentro del European University
Institute de Florencia.
Parece
que entienden la gobernanza como una manera específica de elaborar normativas y
bienes públicos creados mediante coproducción, entre coproductores de
diferentes niveles en una Europa multinivel. Estas nuevas formas de gobernanza
reflejarían la creciente importancia de redes de decisión público-privadas, que
implican a diferentes niveles y tipos de autoridades públicas. Dichas formas
incorporarían un nuevo estilo de toma de decisiones que es fuertemente
dependiente de relaciones mutuas e interdependientes pero no jerárquicas, junto
con nuevos modos de resolución de problemas y elaboración de consensos.
Evidentemente, estos nuevos modos de gobernanza de los que no se habla
mucho, tienen posibles consecuencias
estructurales e institucionales, a niveles nacionales y europeos, e importantes implicaciones respecto a su
posibilidad de homologación democrática.
Parece
evidente que la UE es hoy una parte
importante de la globalización mundial y de la gobernanza global mundial, en su
variante hegemónica: la neoliberal. Incluso la UNESCO ha recibido a ese
respecto el mandato-proyecto para Global
Education. Y no es de extrañar, porque Jean Monnet ya escribió al final
de sus memorias, en 1975, que las formas de vida nacionales pertenecían a una
fase anterior de la historia, y que la misma Comunidad Europea no era sino una
etapa más hacia nuevas formas de organización del mundo de mañana. Incluso
opinaba que el tiempo pasaba, y Europa tardaba en seguir el camino emprendido.
Lo cual no es óbice para que no sea discutible tanto la idea como la modalidad…
En
2012 y en plena “crisis”, se ha elaborado el nuevo Tratado de Estabilidad,
Coordinación, y Gobernanza de la UE. Mediante el mismo se pretende sustraer en
los Estados Miembros cualquier posibilidad democrática de participación en
temas de política económica, con lo que se convierte a la UE en un ente
ordoliberal, más que neoliberal. Efectivamente:
-
Se
endurece el tratado de Maastricht en temas de déficit presupuestario y deuda
pública, y se introducen mecanismos de corrección automáticos.
-
Se
obliga a los Estados a introducir dichas obligaciones con rango constitucional.
-
Se
instalan programas de convergencia rápida hacia la regla de equilibrio
presupuestario, con mecanismos automáticos de corrección.
Se
pretende con ello acabar con toda reglamentación o contrapoder político o
social que tras la 2ª Guerra Mundial haya limitado el poder de inversores y
capitalistas, y arrebatar la política económica de las manos de gobiernos de
elección democrática, para entregarla a organismos independientes compuestos
por expertos y por tecnócratas que no tienen que rendir cuentas a los pueblos
ni a los ciudadanos. La gobernanza se vuelve más opaca, y la “solidaridad” está condicionada a
que se siga avanzando en el desmantelamiento del Estado Social: sanidad,
educación, pensiones.
Todo
ello ha supuesto en España la socialización de otra “cosa”: las pérdidas y
deudas bancarias, convertidas en públicas o soberanas, a costa de la economía
real, la que afecta a las empresas no transnacionales y a los ciudadanos, con
efectos desgraciadamente ya conocidos: quiebras, paro, pobreza, desahucios.
Sin
duda, hay alternativas (desmundialización, alterglobalización, etc…), pero los
que las proponen no tienen el poder, y los que detentan el poder no tienen
voluntad política.
Las
cosas han cambiado mucho, y no parece que hoy en día, en el 2014, la canciller
alemana repitiese las palabras que pronunció el canciller alemán Adenauer en
1950.
¿Acaso
es el precio a pagar por la ciudadanía europea?...No, es el precio que hace
pagar la ideología hegemónica dominante.
