La deuda odiosa fue definida por Alexander Sack en 1927, en París:
"Si un poder despótico contrae una deuda que no responde a las necesidades y los intereses del Estado, sino al refuerzo de su régimen despótico, esa deuda es odiosa para la población de todo el Estado. Esa deuda no es obligatoria para la nación: es una deuda del régimen, una deuda personal del poder que la ha contraído, por consiguiente desaparece con la caída de ese poder."
Esta definición fue ampliada por el Center for International Sustainable Development Law, de Canadá:
"Las deudas odiosas son las que se han contraído en contra de los intereses de la población de un Estado, sin su consentimiento y con todo conocimiento de causa por los acreedores."
Así pues, las tres características de la deuda odiosa son: falta de consentimiento, ausencia de utilidad, y acreedores advertidos.
En el siglo XX, en la crisis de la década de los 80, los estados acreedores encargaron al FMI que considerase el reembolso de la deuda de los estados deudores como una prioridad absoluta, y les impusiera ajustes estructurales de terribles consecuencias sociales.
Los deudores hubieran podido basarse en el derecho internacional para obtener la anulación de las deudas contraídas, pero no lo hicieron. En vez de rechazar el reembolso de esas deudas, los nuevos gobernantes prefirieron renegociar la deuda con los acreedores y aceptaron las exigencias del FMI: recortes drásticos en los presupuestos sociales, despidos de funcionarios, subidas del IVA, apertura y desregulación de los mercados en perjuicio de los productores locales, y privatizaciones masivas.
La "crisis" actual repite el mismo proceder en Europa. Esta crisis que se inició en 2007 en los Estados Unidos, y luego se propagó a Europa, lleva consigo la misma lógica. Varios países de la zona euro se sitúan entre la espada de los mercados financieros y la pared de los planes de "ayuda" impuestos por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo, y el FMI .
Las opiniones públicas rechazan que la "ayuda" a los países con dificultades desemboque en medidas de austeridad sin precedentes, que reducen la soberanía de los Estados, violan los derechos económicos y sociales de las poblaciones, y hunden aún más a sus países en la crisis.
Contraídas con la oposición de una gran parte de la población, las nuevas deudas vienen a sacar de apuros a los grandes bancos privados, que se han visto reflotados gracias a los Estados, que han avalado su deuda privada convirtiéndola así en deuda soberana. Mientras, se emite deuda pública, y la diferencia de primas de riesgo lo convierte, otra vez, todo en negocio para los acreedores, y en mayores intereses para los países deudores, que deben dedicar gran parte de los recortes de gasto social a pagarlos. Y de paso, se da un paso más hacia la privatización de la educación, la sanidad, y las pensiones, debilitando las públicas, así como forzando flujos emigratorios de la población, con la caída del consumo y la producción, y el incremento del paro, especialmente el juvenil.
Todo ello convierte a estas deudas en odiosas, y numerosas voces empiezan a exigir una auditoría ciudadana de la deuda con el fin de identificar su parte ilegítima y obtener su anulación.
Que esto último se logre es evidentemente más que dudoso, por no decir imposible, con el sistema neoliberal hegemónico actual.
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