lunes, 12 de noviembre de 2012

Sobre el origen de la Unión Europea y su situación actual.



Frecuentemente se escuchan “mitos fundacionales”, que en el caso de la Unión Europea (UE) son también “existenciales”. Según ellos, la UE se basó en la solidaridad, la visión política, el consenso, y la transparencia. Pero, en realidad, se basó en la necesidad histórica, sin descartar intereses , conveniencias y conflictos. Y no exenta de opacidad respecto a la ciudadanía.

Tras la Segunda Guerra Mundial,  no se sabía cuanto tiempo iba a durar la paz. Apenas terminada la guerra, surgió la amenaza de otra guerra, que podía enfrentar esta vez  Este y  Oeste.

En 1947 fracasó la conferencia de Moscú sobre la cuestión alemana, entre Occidente y la Unión Soviética, su aliada en la lucha contra el nazismo. El "golpe de Praga" de 1948, y el bloqueo de Berlín durante la primavera de 1949 vinieron a avivar la tensión.

En 1949 los países de Europa Occidental firmaron con los Estados Unidos el Pacto Atlántico (OTAN), y ese mismo año tuvo lugar la explosión-prueba de la primera bomba atómica soviética,  hechos que contribuyeron a propagar el ambiente de temor que se llamó "guerra fría".
 
Alemania Federal, volvía a dirigir por sí misma su política interior, (no la exterior), desde la entrada en vigor de la Ley Fundamental de 1949, y pasó a ser una de las discordias en la rivalidad Este-Oeste.
 
Los Estados Unidos deseaban acelerar la reconstrucción económica de un país, Alemania Federal, situado en el corazón de la división del continente: en América se alzaban voces que solicitaban el rearme de la potencia vencida.

La diplomacia francesa se debatía en el dilema: o bien cedía a la presión norteamericana y, en contra de la opinión pública de su país, admitía ceder soberanía  en el Ruhr y el Sarre, zonas carboníferas, o bien mantenía una postura rígida, enfrentándose a su principal aliado, y llevando sus relaciones con Alemania Federal a un callejón sin salida.

En la primavera de 1950, los jefes de las diplomacias norteamericana y británica habían planteado a su homólogo francés, Robert  Schuman, ministro de Asuntos Exteriores francés, natural de Lorena, una “misión imperativa”: presentar una propuesta para integrar a Alemania Federal en el bloque occidental. Se convocó al respecto para el 10 de mayo de 1950 una reunión de los tres gobiernos. Francia no podía negarse a cumplir el encargo.

A los problemas políticos se sumaban las dificultades económicas. El potencial siderúrgico de los diversos países europeos hacía pensar en una inminente crisis de superproducción de acero. La demanda disminuía, los precios descendían. Todo ello daba origen al temor de que los productores volviesen a constituir un “cártel” para limitar la competencia. En plena fase de reconstrucción, las economías europeas no podían dejar sus industrias básicas a expensas de la especulación y la escasez organizada.

Ante estas dificultades la diplomacia tradicional resultaba impotente, y Robert Schuman recurrió a un hombre aún desconocido por la gente, pero que había acumulado una experiencia extraordinaria a lo largo de su carrera internacional: Jean Monnet.

Jean Monnet, natural de Cognac, era uno de los europeos más influyentes del mundo occidental. Monnet desempeñaba por aquel entonces el cargo de comisario del plan francés de modernización, para el que De Gaulle le había nombrado en 1945 con el cometido de levantar económicamente Francia. Ya en la primera guerra mundial había organizado las estructuras de aprovisionamiento de las fuerzas aliadas. Posteriormente fue secretario general adjunto de la Sociedad de Naciones, y banquero en los Estados Unidos, Europa del Este y China. Trabajó también al servicio del presidente Roosevelt, quien lo tuvo entre sus asesores más influyentes, y fue el artífice del programa que garantizó la superioridad militar de los Estados Unidos sobre las fuerzas del Eje. Aunque carecía de mandatos políticos asesoraba a los gobiernos. Su reputación era la de ser un hombre pragmático con la eficacia como norma principal.
 
Según Jean Monnet, la tensión quedaría atenuada fomentando la unidad europea. Jean Monnet conocía los fracasados intentos de integración, desde que el Congreso de La Haya organizado en 1948 por el Movimiento Europeo hiciera un llamamiento solemne a la unión del continente.

Tras la 2ª Guerra Mundial, en 1946, se estableció una nueva arquitectura económica en Bretton Woods (EEUU), donde el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) fueron creados y recibieron el mandato explícito de impedir “shocks” y quiebras en las vulnerables economías de la posguerra, y velar por la liquidez mundial.

En 1947 tuvo lugar la Conferencia de la Habana que,  décadas después dio lugar a la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Uno de los promotores del FMI fue John Maynard Keynes. Pero estas instituciones financieras mundiales han tenido con el transcurso del tiempo una deriva neoliberal y globalizadora, y ahora se caracterizan por promover Planes de Ajuste Estructurales para los países que necesitan ayudas, y a promover la desregularización, liberalización, y privatización de la economía mundial.
 
Por entonces, la Organización Europea de Cooperación Económica sólo tenía competencias de Coordinación, y no había sido capaz de impedir que la reconstrucción económica de los países europeos se llevase a cabo conforme a esquemas nacionales, con el Plan Marshall liderado por los Estados Unidos financiando la reconstrucción de sus aliados.
 
La creación del Consejo de Europa en 1949 demostraba que los gobiernos no estaban dispuestos a dejarse recortar sus prerrogativas: la Asamblea Consultiva sólo tenía poderes de deliberación, y todas sus resoluciones, que debían aprobarse por mayoría de dos tercios, podían quedar paralizadas por el veto del Comité de Ministros.

Jean Monnet  sabía que era ilusorio pretender crear de una sola vez una estructura institucional completa, sin suscitar en los Estados tantas reticencias como para hacer que cualquier iniciativa de este tipo se viera condenada al fracaso de antemano. Los ánimos no estaban como para admitir cesiones de soberanía.

Era preciso limitarse en los objetivos a sectores concretos de gran importancia, como lo eran entonces el carbón y el acero, y crear un mecanismo de decisión conjunta que, poco a poco, fuera recibiendo nuevas competencias.

Jean Monnet y sus más cercanos colaboradores redactaron durante los últimos días de abril de 1950 un documento de unas páginas, con la exposición de motivos y la parte dispositiva de una propuesta llamada a romper con todos los esquemas. En lugar de proceder a las tradicionales consultas con los servicios ministeriales competentes, Monnet rodeó ese trabajo del máximo secreto con el fin de impedir cualquier objeción o contrapropuesta.

El  9 de mayo de 1950 , en el mismo momento en que el ministro francés Robert Schuman estaba defendiendo su propuesta ante sus colegas del gobierno,  un emisario secreto de su gabinete la comunicaba en persona al canciller alemán  Adenauer. La reacción de este último fue inmediata y entusiasta, respondiendo en el acto que aprobaba de todo corazón la propuesta. Por consiguiente, Robert Schuman contaba ya con el debido apoyo de los gobiernos francés y alemán cuando hizo pública su declaración durante una rueda de prensa celebrada en el Quai d'Orsay ese mismo día.

La declaración enunciaba una serie de principios. Europa no se haría de una sola vez, sino mediante realizaciones concretas. Era preciso establecer, en primer lugar, "solidaridades de hecho":

- Debía eliminarse la secular oposición entre Francia y Alemania. La propuesta incumbía principalmente a estos dos países, pero estaba abierta a todas las demás naciones europeas que suscribiesen sus objetivos.

- La actuación inmediata debía afectar a un sector "limitado, pero decisivo": la producción franco-alemana de carbón y acero, que debería someterse a una alta autoridad común.

- La fusión de estos intereses económicos contribuiría al aumento del nivel de vida y a la creación de una comunidad económica.

- Las decisiones de la alta autoridad tendrían fuerza ejecutiva, y serían vinculantes para los países que se sumasen al proyecto. La alta autoridad estaría integrada, con criterios paritarios, por personalidades independientes.

Para que la iniciativa francesa, convertida en iniciativa franco-alemana,  se hiciese realidad, Francia convocó para el 20 de junio de 1950 en París una conferencia intergubernamental cuya presidencia asumió Jean Monnet. Los tres países del Benelux o Países Bajos (Bélgica, Holanda, y Luxemburgo), e Italia, respondieron al llamamiento y estuvieron presentes en la mesa de negociaciones.

Las conversaciones permitieron lanzar un  proyecto internacional. No se pusieron en cuestión ni la independecia ni los poderes de la alta autoridad, lo cual constituía el punto central de la propuesta. A solicitud de los Países Bajos, se instituyó un consejo de ministros en representación de los Estados que, en determinados casos, tendría la facultad de emitir dictámenes vinculantes. Una asamblea parlamentaria y un tribunal de justicia completaban el mecanismo. Fue la base del sistema institucional de la actual UE.

El 18 de abril de 1951 se firmó en París el Tratado fundacional de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA), lo opuesto al Tratado de Versalles impuesto a Alemania tras la Primera Guerra Mundial, con un período de vigencia de cincuenta años. Tras su ratificación por parte de los seis Estados signatarios el 10 de agosto de 1952, la Alta Autoridad presidida por Jean Monnet se instaló en Luxemburgo.

Como se puede ver, no se trató de una negociación diplomática clásica. Las personas designadas por los seis gobiernos se habían reunido para crear un sistema jurídico-político completamente nuevo, y que aspiraba a perdurar.

El preámbulo del Tratado de la CECA, que constaba de cinco párrafos, contenía toda la filosofía que, aún hoy, sigue inspirando a los promotores de la construcción europea.

Jean Monnet estaba convencido de que únicamente el principio de igualdad entre los Estados podría crear una nueva mentalidad. Pero también era consciente de la dificultad de lograr que seis países de dimensiones diferentes renunciaran al derecho de veto.

El 4 de abril de 1951, se reunió en Bonn con el canciller Adenauer para convencerle de las virtudes del principio de igualdad:

"Se me ha autorizado a proponerle que las relaciones entre Alemania y Francia en la
Comunidad se rijan por el principio de igualdad en el Consejo y la Asamblea, así como en todas las instituciones europeas actuales o futuras (...). Por mi parte, deseo añadir que éste, y no otro, es el espíritu que desde el principio quise imprimir a la oferta de unión que está en el origen de este tratado. Espero que, según creo poder deducir de las conversaciones que mantuvimos en nuestro primer encuentro, comparta usted esta opinión. El espíritu de discriminación ha sido la causa de los mayores males del mundo. La Comunidad es un intento de combatirlo."

La respuesta del canciller alemán, Adenauer, fue inmediata:
 
"Usted conoce mi empeño en defender para mi país la igualdad de derechos en el futuro y mi condena de la empresas de dominación a las cuales se ha visto arrastrado en el pasado. Me complazco en manifestarle mi completo acuerdo con su propuesta, ya que no puedo concebir la Comunidad sin igualdad total".

De esta manera quedaba asentado uno de los fundamentos jurídicos, de alcance moral, que da sentido a la idea de Comunidad.

La obra emprendida en 1950 ya no iba a detenerse, tras el Tratado de Roma de 1957,  y  menos aún tras la caída del Muro de Berlín en 1989, y el derrumbe de la Unión Soviética en 1991.

 

Pero aún hoy día a la UE le falta soberanía, homogeneidad financiera, legitimación política, y sufre un déficit democrático notable, como se ha puesto de manifiesto con ocasión de la crisis mundial iniciada en 2008, y que no es tal crisis, sino un nuevo modelo social y un nuevo orden mundial.

La concesión a la UE del Premio Nobel de la Paz en 2012 prescinde de la realidad del cambio de la naturaleza de la guerra en Occidente. Las actuales guerras son económicas y financieras, no armadas, lo cual no quiere decir que no haya víctimas. Efectivamente el desmontaje del Estado del Bienestar Europeo, o más aún, de la Economía Social en Europa, plantea importantes problemas éticos e ideológicos, con víctimas en la ciudadanía y en las empresas, que no se ven tratados de la misma forma que la Banca. Ya no es preciso invadir militarmente un país para apropiarse de sus recursos, ahora eso lo hace la deuda, y el manejo de los intereses de la misma por medio de "ratings", primas de riesgo, etc…en perjuicio de la justicia social y el progreso económico, que eran el otro pilar del edificio común europeo.

La Europa de dos velocidades que se ha creado, facilitada por las políticas de la Comisión Europea (CE), el Banco Central Europeo (BCE), y el FMI, crea una situación que rompe con la vocación igualitaria y solidaria de los tratados fundacionales, origen histórico de la actual Unión Europea (UE).
 
Es notoria  la presencia en Bruselas de oficinas que representan ante las instituciones europeas los intereses de cientos de empresas transnacionales, y con un ratio de 5 “lobbistas” por cada parlamentario europeo, la Unión Europea puso en marcha entre el 2004 y el 2008 un nuevo proyecto de estudio para modificar su gobernanza, e impulsar nuevos modos de gobernanza en Europa, para gobernar a la sombra de la jerarquía. Fue el proyecto “New Modes of Governance in the European Union”, dentro del 6º programa marco de investigación de la UE, llevado a cabo por el NEWGOV Consortium, coordinado por el Robert Schuman Centre for Advanced Studies, dentro del European University Institute de Florencia.

Parece que se entiende la gobernanza como una manera específica de elaborar normativas y bienes públicos creados mediante coproducción, entre coproductores de diferentes niveles en una Europa multinivel. Estas nuevas formas de gobernanza reflejarían la creciente importancia de redes de decisión público-privadas, que implican a diferentes niveles y tipos de autoridades públicas. Dichas formas incorporarían un nuevo estilo de toma de decisiones que es fuertemente dependiente de relaciones mutuas e interdependientes pero no jerárquicas, junto con nuevos modos de resolución de problemas y elaboración de consensos. Evidentemente, estos nuevos modos de gobernanza de los que no se habla mucho,  tienen posibles consecuencias estructurales e institucionales, a niveles nacionales y europeos,  e importantes implicaciones respecto a su posibilidad de homologación  democrática.

Parece evidente que la UE  es hoy una parte importante de la globalización mundial y de la gobernanza global mundial, en su variante hegemónica: la neoliberal. Incluso la UNESCO ha recibido a ese respecto el mandato-proyecto para Global  Education. Y no es de extrañar, porque Jean Monnet ya escribió al final de sus memorias, en 1975, que las formas de vida nacionales pertenecían a una fase anterior de la historia, y que la misma Comunidad Europea no era sino una etapa más hacia nuevas formas de organización del mundo de mañana. Incluso opinaba que el tiempo pasaba, y Europa tardaba en seguir el camino emprendido. Lo cual no es óbice para que no sea discutible tanto la idea como la modalidad…

En 2012 y en plena “crisis”, se ha elaborado el nuevo Tratado de Estabilidad, Coordinación, y Gobernanza de la UE. Mediante el mismo se pretende sustraer en los Estados Miembros cualquier posibilidad democrática de participación en temas de política económica, con lo que se convierte a la UE en un ente ordoliberal, más que neoliberal. Efectivamente:

-          Se endurece el tratado de Maastricht en temas de déficit presupuestario y deuda pública, y se introducen mecanismos de corrección automáticos.

-          Se obliga a los Estados a introducir dichas obligaciones con rango constitucional.

-          Se instalan programas de convergencia rápida hacia la regla de equilibrio presupuestario, con mecanismos automáticos de corrección.

Supuestamente se pretende con ello acabar con toda reglamentación o contrapoder político o social que tras la 2ª Guerra Mundial haya limitado el poder de inversores y capitalistas, y arrebatar la política económica de las manos de gobiernos de elección democrática, para entragarla a organismos independientes compuestos por expertos y por tecnócratas que no tienen que rendir cuentas a los pueblos ni a los ciudadanos. La gobernanza se vuelve más  opaca, y la “solidaridad” está condicionada a que se siga avanzando en el desmantelamiento del Estado Social: sanidad, educación, pensiones.

Todo ello ha supuesto en concreto en España otro tipo de socialización: la de las pérdidas y deudas bancarias, convertidas en públicas o soberanas, a costa de la economía real, la que afecta a las empresas no transnacionales, y a los ciudadanos, con efectos desgraciadamente ya de sobra conocidos: quiebras, paro, pobreza, desahucios. Y lo que venga...

Sin duda, hay alternativas (desmundialización, alterglobalización, etc…), pero los que las proponen no tienen el poder, y los que detentan el poder no tienen voluntad política.

Las cosas han cambiado mucho, y no parece que hoy en día, en el 2012, la canciller alemana repitiese las palabras que pronunció el canciller alemán Adenauer en 1950.
 
¿Acaso es el precio a pagar por la ciudadanía europea?...No, es el precio que hace pagar la ideología hegemónica dominante en esta fase histórica del capitalismo.
 
 

 

 

 

 

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